Los patrones de desarrollo
económico capitalista dependiente y globalizado han propiciado una ocupación
expansiva del territorio con asentamientos humanos que se ubican una y otra vez
en zonas de riesgo propensas a sufrir impactos de eventos extremos de origen
“natural”. Éstos parecen manifestarse con una acrecentada intensidad, sobre
todo los huracanes y las tormentas tropicales, resultado de la alteración del
equilibrio ambiental de los frágiles ciclos ecológicos antes autorregulables,
los terremotos y los tsunamis. Los territorios habitados también están
expuestos a sufrir desastres provocados por la propia sociedad, como los
accidentes de tráfico o los procesos sanitarios químico-tecnológicos, así como
los conflictos político-económicos locales, regionales e internacionales, que
derivan en enfrentamientos armados, guerras y terrorismo. Sin embargo,
independientemente de sus causas, los desastres tienen consecuencias y secuelas
que implican pérdidas masivas de vidas humanas, y de animales también, así como
daños materiales y financieros.
Las autoridades de un país
son quienes fundamentalmente deben coordinar los esfuerzos sociales para afrontar
un desastre, mediante un plan de contingencia adecuado que oriente los recursos
gubernamentales y privados, en primer lugar, al rescate y atención de los
sobrevivientes, otorgándoles asistencia psicológica y médica, y a la evacuación
e instalación de los damnificados en albergues temporales. En segundo lugar, es
necesario efectuar la restauración del transporte y las comunicaciones, así como la rehabilitación y mantenimiento de los servicios básicos. En tercer lugar, pero no
por
ello es menos importante, deben
encargarse de
la recuperación y manejo de
los cuerpos sin vida, acciones que se inician desde el momento mismo de ocurrido el evento, asociadas con la
propia búsqueda de supervivientes.
Por tal razón, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ha hecho una importante contribución con la elaboración colectiva de este
manual sobre el manejo de cadáveres en situación de desastres, el cual da una
serie de orientaciones esenciales para establecer una adecuada recuperación y
levantamiento de los cadáveres, independientemente de su número. La obligada
identificación de los cuerpos nunca debe ser apresurada y es necesario agotar
todas las posibilidades para lograrlo. También es imprescindible una disposición
transitoria y final de los cuerpos sin vida que respete el proceso de luto para
sus familiares y les permita disponer de un entierro digno de acuerdo con sus
creencias y costumbres. La identificación de los cuerpos y el manejo del duelo
son de fundamental importancia para no provocar daños legales posteriores y un
sufrimiento innecesario a los familiares.
Si bien existe un arraigado mito, apoyado culturalmente
por postulados higienistas que consideran los cadáveres como sucios y
transmisores de enfermedades, la OPS defiende las siguientes premisas:
– los cuerpos sin vida resultado de un desastre no
constituyen un riesgo infeccioso;
– nunca se debe enterrar a los cadáveres en fosas
comunes sino ubicarlos en nichos, trincheras o zanjas individuales, lo que
constituye un derecho humano básico de los familiares sobrevivientes;
– la cremación masiva de cadáveres jamás debe realizarse
en contra de las costumbres culturales y religiosas de la población;
– la recuperación psicosocial de la población
sobreviviente debe verse como una política de Estado en el marco de una
atención integral de la salud;
– un desastre debe ser atendido con un plan de respuesta
inmediata ante la emergencia, cuyas tareas han sido establecidas con previsión
y preparación, ya que una desorganización e incapacidad de coordinación, así como
la improvisación e insensibilización para evitar inequidades de género, que se
enlazan con otras formas de desigualdad social, por ejemplo, de clase, raza,
etnia, preferencia erótica, generacional, entre otras, puede generar un
desastre sobre el desastre, el cual seguramente aumentará el número de
víctimas.
En el manual, la OPS profundiza en cuestiones
relacionadas con los preparativos para casos de muertes masivas, la importancia
del trabajo médico legal asociado, las consideraciones sanitarias, así como los
aspectos socioculturales, psicológicos y legales a considerar.
Preparativos para casos de muertes masivas
Un plan de contingencia preventivo para un territorio
particular debe incluir un mapa de riesgos y vulnerabilidades
de la población y su entorno construido, así como las
acciones que cada quien debe desarrollar en cada caso y eventualidad vinculados
con fenómenos naturales o producidos directamente por el hombre, en los que se establezcan
las zonas de evacuación y edificaciones más fuertes, incluyendo sitios que
puedan servir para el depósito de cuerpos, entre otros. El manual reconoce que,
aunque la ayuda inmediata proviene inicialmente de los propios sobrevivientes
que resultan ilesos, se debe trabajar en una mejoría de la calidad y de la
disponibilidad de los servicios de recuperación inmediatos por medio del
adiestramiento y la preparación previos impartidos por organismos
especializados.
También con antelación debe quedar muy claro qué
institución es la que coordinará todo el proceso del manejo de cadáveres.
Además, las autoridades deben establecer nexos y entregar información
fidedigna, a través de voceros oficiales, a los responsables de los medios de
comunicación para crear confianza y credibilidad y evitar versiones
contradictorias y vacíos al suministrar información a la audiencia nacional e
internacional acerca de las labores de rescate, la identificación y
localización de víctimas, así como de
los desaparecidos. Asimismo, las autoridades deben establecer una manera clara,
ordenada e individualizada de realizar las notificaciones de las muertes, y dar
todas las facilidades para que la ciudadanía tenga acceso a los cuerpos,
prestando la ayuda posible para su disposición final, especialmente cuando la
población es de bajos recurso. La demora en la entrega de cadáveres y la
incertidumbre sobre los recursos para el pago de los servicios funerarios crea aún
mayor angustia y sufrimiento,
por lo que un elemento importante en el manejo de los
duelos es favorecer la rápida tramitación de la funeraria y lograr que sea
gratuita o accesible para las personas de bajos ingresos.
Los responsables deben evitar, bajo cualquier
circunstancia, que se someta a los cuerpos al entierro en fosas comunes o
cremaciones en masa, porque además de ser innecesario, violenta los derechos
humanos de los familiares sobrevivientes que requieren recobrar el cuerpo
victimado. Por ello, las inhumaciones que se realicen deben hacerse de tal
forma que permitan la recuperación posterior de los cadáveres.
Trabajo médico legal
El apartado sobre el trabajo médico legal fue elaborado
por los especialistas cubanos en medicina legal Jorge González y Alicia
Lasanta. Ambos exponen que el manejo de los cuerpos sin vida es un
procedimiento complejo que, por lo general, y lamentablemente, es una de las
actividades menos trabajadas profesionalmente después de un desastre. Para
evitar que así sea proponen que, aun en las situaciones más adversas y sin el
personal suficiente, la labor de coordinación de la recuperación y manejo de
cadáveres puede ser dirigida por un médico de la comunidad que asuma el liderazgo
de un equipo de trabajo de acuerdo con las condiciones y recursos humanos
existentes en el lugar. Por lo cual es imprescindible anticipar convenios de
colaboración para determinar los recursos existentes y los necesarios: personal
profesional experto en desastres y otros participantes; los posibles sitios de
trabajo donde se establecerán campamentos o locales temporales para el
depósito, exposición y examen de los cadáveres; realizar simulacros de campo;
detectar necesidades materiales y quién puede aprovisionarlas en su momento: transporte
y comunicaciones, vestuarios y otros medios personales, instrumental y equipos,
medios de conservación, agua y alimentación; y noolvidar la atención física y
mental médica para el grupo de trabajo. El equipo de trabajo médico-legal, en
lo relativo a su preparación técnica, debe incluir expertos en desastres:
personal de salud, policías, bomberos, criminalistas y desastrólogos,
arquitectos, urbanistas, ingenieros, antropólogos u otros profesionales
vinculados al desastre, periodistas y trabajadores de los medios, autoridades
judiciales.
Otros participantes son: autoridades del gobierno y de
la comunidad, instituciones religiosas, funerarias, sepultureros y otros
servicios relacionados con cadáveres, diplomáticos y representantes consulares,
personal de limpieza, encargados de cocina, familiares, vecinos y población en
general.
Los objetivos del trabajo médico-legal son: hacer un
diagnóstico de la muerte, rescatar los cuerpos y sus restos, establecer su
identidad, estimar el momento de la muerte y las causas de la muerte en forma
individual cuando proceda, explicar las circunstancias en las cuáles se produjo,
preparar los cadáveres y restos para su disposición final y, sobre todo,
revertir o reintegrar el estudio del hecho en un elemento de prevención futura.
Para una clasificación que permita una identificación más eficaz, el manual
establece que es recomendable colocar los cuerpos en espacios preestablecidos,
atendiendo a su clasificación por grupos según el sexo, color de la piel, edad,
biotipo, largo del cabello, estatura, tamaño del pie, entre otros.
El manual no hace referencia alguna sobre las
diferencias de género en las tasas de mortalidad, tal como los estudios sobre
desastres “naturales” que hasta hace poco tiempo manifestaban que no había
discriminación entre las
Víctimas. Sin embargo, estudios recientes han detectado
una diferenciación en la tasa de mortalidad y morbilidad que afecta más a las
mujeres que a los hombres, por lo menos en desastres como tsunamis,
hambrunas por sequías, ciclones y huracanes y terremotos (Shubh Kumar-Range,
2001). Un ejemplo muy reciente es el tsunami
de diciembre de 2004 que afectó
gravemente las costas de Indonesia, la India, Sri Lanka, entre otros países
asiáticos, donde en algunas localidades se detectó una proporción de cuatro muertes
de mujeres por cada muerte de un hombre, lo que ya permite anticipar problemas
en esas comunidades para la creación de nuevas parejas matrimoniales y el
cuidado de los miles de niños sobrevivientes que quedaron huérfanos (Sukarsono,
2005).
Consideraciones sanitarias en casos de muertes masivas
Si bien la OPS, por medio de la aportación de Kart
Western del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, enfatiza a lo largo
del texto que existen evidencias científicas que indicanque la sola presencia
de cadáveres humanos y de animales como resultado de un desastre no representan
un riesgo de epidemia ni una causa para la diseminación de enfermedades
infecciosas donde no existen enfermedades endémicas.
Registra que la clave para prevenir enfermedades es el
mejoramiento de las condiciones sanitarias y la educación de la población sobre
los riesgos reales que implican los cadáveres. Aclara que un cadáver posee un
menor riesgo infecto-contagioso que una persona viva infectada. Para que
algunas enfermedades puedan representar un riesgo para la salud pública, los
cadáveres deben ser huéspedes de una enfermedad presente en zonas endémicas
(tuberculosis, estreptococos, meningitis y septicemia, meningococos o
infecciones virales como las gastrointestinales, de las vacas locas, hepatitis
B y C, virus VIH, fiebres hemorrágicas).Otra condición es que los
microorganismos puedan vivir en el cuerpo del ser humano, del animal o en el
ambiente después de la muerte del huésped, así como contar con las condiciones
ambientales necesarias para su propagación, como la alteración de la
infraestructura de disposición de desechos o superpoblación, entre otras. En general,
como medida preventiva, se plantea la desinfección de los cuerpos con una
solución a base de cloro y un control en su transporte. Sin embargo, las causas
de una mayor morbilidad y mortalidad son más atribuibles al agua estancada de
las inundaciones, a la falta de agua potable, a medidas sanitarias
insuficientes, al hacinamiento y al daño en la infraestructura básica, como las
fracturas en las redes de agua potable y drenaje que provocan la contaminación de
la primera, y cuando los propios manipuladores de cuerpos no observaron las
normas de higiene necesarias.
Por estas razones se deben priorizar medidas sanitarias
extremas respecto al agua potable y al manejo de desechos en los albergues de
damnificados y campos de refugiados. Los cadáveres de animales, por su parte,
representan un riesgo muy limitado para la salud pública, excepto bajo
condiciones muy específicas, como la presencia de agentes infecciosos endémicos
preexistentes en la zona y la contaminación de agua por heces y fluidos de
lesiones. Los vectores de enfermedades endémicas deben controlarse y
erradicarse con las medidas necesarias. Al igual que con los humanos, el manual
plantea que hay que priorizar el cuidado de los animales vivos por sobre la
disposición de los cadáveres de animales. Para los cadáveres de animales propone
una medida inicial temporal consistente en rociarlos con petróleo y cubrirlos
con tierra hasta que se den las condiciones necesarias para su entierro
definitivo. No hay que descuidar la salud de los animales vivos, que deben ser
reunidos, atendidos y vigilados para prevenir cualquier brote de enfermedad. Al
respecto el manual resalta que “para atender los efectos del duelo es necesario
tener en cuenta los lazos afectivos y de supervivencia que atan al ser humano a
los animales, mascotas, ganado o simplemente especies con las que coexiste”.
Asimismo, la OPS propone en la guía evitar someter al
equipo de rescate y a la población en general a campañas masivas de vacunación innecesaria
contra enfermedades que supuestamente transmiten los cadáveres.
Aspectos socioculturales
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la
recuperación de los cuerpos y su debido proceso de identificación es que
permiten que se pueda llevar a cabo el duelo familiar y comunitario, así como
los rituales que otorgan el valor simbólico del cadáver y de la sepultura,
circunstancias que en un desastre deben ser respetadas. La OPS y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia lo señalan: “El impacto
de la alteración de los rituales normales es tal que ha llegado a considerarse
que los duelos no resueltos de una sociedad son un factor decisivo en la
recurrencia episódica de brotes de violencia; así, el mapa de zonas de
violencia en el mundo muestra antecedentes similares en su historia, aún si se
presentan como atribuidos a diversas causas en cada época”.
El respeto a los muertos ayuda a definir el respeto
debido a los vivos, y en esa misma sucesión de episodios de muertes por
desaparición o traumáticas con duelos no resueltos ayuda a explicar el porqué
de los infortunados resultados de los programas de resolución de conflictos
bélicos que se intentan en cada país. De ahí que sea un punto clave en la
resolución de odios y conflictos de larga duración. No respetar los rituales ni
los valores de una sociedad provocan un círculo vicioso que “impide que culmine
un sano duelo y la comunidad pueda
volver a ocuparse de sus asuntos vitales”. De igual manera, “el poder cumplir
adecuadamente los rituales funerarios en muertes violentas—que requieren
investigación judicial— ayuda a restaurar la confianza de la sociedad en su
propia organización”.
En la actualidad hay suficientes recursos técnicos y
científicos para identificar, manejar y conservar hasta la disposición final
numerosos cadáveres en forma respetuosa, reconociendo la trascendencia de
llevar a cabo los rituales funerarios propios de cada comunidad, de tal forma que
se eviten acciones precipitadas, como inhumar o cremar, que impiden identificar
a las víctimas y devolver los cadáveres a sus deudos, quienes requieren de la
presencia física del cuerpo o restos para realizar el ritual del funeral. Lo
anterior permite el desarrollo de un duelo sano, que cada cultura ha acuñado para
aliviar el dolor y cicatrizar penas.
Un funeral es más que el simple hecho de deshacerse de
un cadáver, permite darle algún sentido a la muerte cuando nos vemos confrontados
con ella y otorga un estatuto de dignidad y sentido a la desaparición del ser
humano. Un duelo permite a largo plazo la reparación del tejido social afectado
por el desastre y evita devastadoras secuelas a nivel psíquico y social, e
incluso ahorra los elevados gastos que implican las exhumaciones de fosas
comunes para lograr identificaciones posteriores.
Reparar el tejido social debe considerarse como una
política de Estado en el marco de una atención integral de salud.
Las muertes masivas inesperadas constituyen momentos de
dolor colectivo que pueden llegar a convertirse en protestas sociales y
políticas que afecten la dinámica comunitaria. El sepelio canaliza el duelo
colectivo, el dolor social, ayuda a manejar la pérdida y a diluir la ira; y
aunque es expresión colectiva de desesperanza, indefensión y vulnerabilidad,
permite simultáneamente la expresión de compasión, simpatía y ofrece una
ocasión para compartir un momento de solidaridad.
Aspectos psicológicos
Jorge Rodríguez, consultor de salud mental de la OPS y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfatiza en su apartado que, además
de la atención de la salud mental de los sobrevivientes, el manejo de gran
cantidad de cadáveres requiere un plan psicológico y físico de acompañamiento,
ya que este proceso puede causar enorme impacto en la salud del equipo de
trabajo y de los damnificados. En periodos posteriores a un desastre es
necesario trabajar la memoria histórica del colectivo afectado, como un proceso
de aceptación, reelaboración de lo sucedido y la dignificación de las víctimas.
Sobre todo si las circunstancias hacen aún más difícil enfrentar un proceso de
duelo como son: las desapariciones, la imposibilidad de reconocer los
cadáveres, los enterramientos colectivos en fosas comunes, las masacres, y los
casos donde los familiares y allegados que, aunque se percataron de la muerte y
pudieron realizar un entierro, mantienen sentimientos de ira debido a lo brutal
e injusto de la misma.
Existen efectos tardíos en los sobrevivientes con duelos
patológicos que deben tratarse psicológicamente para evitar sus severas
consecuencias: trastornos psiquiátricos como depresión, trastornos de
adaptación, manifestaciones de estrés postraumático, abuso del alcohol y otras sustancias
adictivas y trastornos psicosomáticos. También se reporta un incremento del
índice de suicidios en los periodos posteriores al deceso masivo de personas
como consecuencias de desastres o crímenes de guerra. En situaciones de guerra
o de conflictos de larga duración, los patrones de sufrimiento, como tristeza, miedo
generalizado, ansiedad, se manifiestan corporalmente, síntomas que con
frecuencia adquieren un carácter grave y de larga duración. Un duelo complicado
puede conducir a un trastorno depresivo, que se caracteriza por una tristeza acentuada, pérdida de la capacidad de interesarse
y disfrutar de las cosas, mengua del nivel de actividad y un cansancio
exagerado, disminución de la atención y concentración, pérdida de confianza en
sí mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa, perspectivas sombrías
sobre el futuro, pensamientos o actos suicidas, trastornos del sueño y pérdida de
apetito.
Vulnerabilidades específicas sobre las poblaciones masculina y
femenina
Las muertes masivas significan una condición de riesgo
psicosocial elevado y tienen efectos diferenciados según el género y la edad.
En este manual, aunque en forma escasa, se menciona que, mientras la salud mental
de los hombres es afectada de manera más inmediata, las mujeres sufren a más
largo plazo y los trastornos psíquicos que las atañen son de inicio tardío. Los
patrones genéricos hacen que los hombres tiendan a reprimir las emociones
dolorosas y les resulte difícil hablar, pues hacerlo es interpretado como una debilidad.
Las mujeres tienden a comunicar con los otros y expresar sus temores, buscan
apoyo y comprensión para sí mismas y sus hijos. Además, existen nuevos roles
que se imponen a la desaparición de uno de los miembros de la familia, como el
caso de las mujeres viudas que se convierten en jefas de hogar sin dejar de ocuparse
de las tareas domésticas de cuidado y alimentación, o el padre viudo que queda
a cargo de los hijos y de las responsabilidades de la casa. En general a los
ancianos un desastre los afecta significativamente más que a otros grupos sociales,
ya que por su edad tienen problemas de salud y discapacidades. Además, pueden encontrarse
aislados y carecer de redes de apoyo, y no ser considerados como factores
activos y productivos, aunque lo sean. Los niños sobrevivientes requieren
atención rápida y oportuna para no dejarlos expuestos a sufrimientos no
comunicados y temores no comprendidos sobre lo sucedido. La escuela, la
comunidad y su familia son espacios terapéuticos fundamentales, mas hay que
capacitar al personal que trabaje con niños con una estrategia de recuperación
flexible no necesariamente profesionalizada.
Aspectos legales
Susana Castiglione, abogada argentina y consultora de la
OPS, elabora la sección legal y sostiene que los derechos humanos se ven
afectados si las autoridades a cargo del manejo de la emergencia se niegan a
rescatar los cadáveres, no los recogen en forma adecuada o no toman los
recaudos necesarios para identificarlos y los inhuman transgrediendo los ritos religiosos
y las creencias culturales.
Por ello, los damnificados pueden interponer
reclamaciones jurídicas por daños materiales y morales, de acuerdo con las
disposiciones internas de los Estados y los instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados, si las autoridades ignoran la plena identificación
de los cadáveres. La identificación es la única forma de tener la certeza de la
muerte, pues elimina toda posibilidad de fraude, y es el único medio de poner
fin a la angustia y dolor de los familiares. Ello obliga a los Estados a
adoptar normas técnicas con un contenido legislativo e instruir al personal que
actúa en emergencias sobre la ausencia de riesgos epidémicos en el manejo de
cadáveres. Con ello evitaría causar daños irreparables a las familias de las
víctimas y los consecuentes pleitos legales que podrían concluir en sentencias
generadoras de responsabilidad. Una desaparición no esclarecida incrementa los
daños materiales de familiares o interesados que se ven imposibilitados para
tener acceso a los activos de familiares, cobrar seguros y participar de los
bienes de los difuntos, lo cual depende de largos procesos judiciales de
declaración de muerte presunta. Una desaparición genera problemas de vacíos
legales, de herencias de propiedades, testamentos, negocios y hasta fraudes en registros
públicos electorales, entre otros.
Modelo de ley para el manejo de cadáveres en situación de
desastre
El manual propone, en su parte final, un modelo de ley
para el manejo de cadáveres en situación de desastre con varios articulados que
determinan los responsables, los preparativos y la conformación del grupo que
ha de hacer el manejo y levantamiento de cadáveres: embalaje, traslado,
identificación, tratamiento de los muertos no identificados, disposición final
de los cuerpos, inhumaciones, cremaciones y cooperación internacional. La
cooperación internacional, como el caso de la Interpol, puede establecerse para
colaborar con equipos de identificación de otros gobiernos.
Asimismo, los Estados deben proteger la integridad de
los cadáveres y sancionar como figuras delictivas en los códigos penales la profanación
de tumbas, cadáveres o cenizas, la interrupción de funerales y la necrofilia.
Se menciona que México pena legalmente el ultraje de los cuerpos femeninos y
masculinos, y propone que esa medida se establezca como una norma modelo.
Estudios de caso
El manual concluye con el estudio de caso emprendido por
Judith Maguiña, del Instituto de Medicina Legal de Perú, sobre el manejo de
cadáveres en el incendio de Mesa Redonda en Lima en diciembre de 2001, y el
trabajo de Zacarías Duarte, del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, sobre
el deslave del volcán Casita en Nicaragua en octubre de 1998. En este último
caso, el autor comenta que no se identificaron los cadáveres, sino que se
quemaron in
situ y, en consecuencia, no se emitieron las actas de
defunción de más de 2 500 muertos no identificados, los cuales hubieran podido
votar en las siguientes elecciones de alcalde, ya que oficialmente no estaban
muertos.
Es importante que los estados cuenten con una política en materia de estas situaciones para ayudar a la población en general a superar este tipo de traumas que son provocados por la perdida de un familiar o una persona cercana. Está política ayudara a minimizar el impacto negativo por las perdidas sufridas.
ResponderEliminar