GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
La incorporación de una hipótesis de
riesgo supone la existencia efectiva de una gestión de riesgos de desastre, que
abarca tanto las políticas y acciones de mitigación, diagnóstico, preparación y
prevención de desastres, que tienden a reducir la vulnerabilidad, como las
estrategias de atención en la emergencia o capacidad de respuesta a los
impactos inmediatos de un desastre, la rehabilitación y reconstrucción.
En este sentido la gestión del riesgo
supone no sólo la intervención del gobierno sino también la interacción de
distintos actores sociales públicos y privados que incorporen las hipótesis de
riesgo en sus modalidades de interacción con la sociedad local.
No existe un antes, un durante y un
después sino que se trata de fases concatenadas e integradas horizontalmente en
las cuales, independientemente del peso diferenciado de cada actor
institucional, se debe saber que lo que se haga en una fase incide sobre la
otra, positiva o negativamente.
Desde una óptica fisicalista o estructural
de la gestión de los desastres, la prevención se asocia con obras de ingeniería
y la preparación se reduce a las actividades de alerta y evacuación o al
estudio científico centrado en las ciencias de la tierra y la ingeniería.
Sin embargo, durante las últimas décadas
se amplió el enfoque, a partir de las ideas y concepciones aportadas por las
ciencias sociales. En consecuencia es necesario esclarecer y especificar
algunos conceptos claves de la gestión de los desastres: prevención,
mitigación, preparación, atención, rehabilitación, reconstrucción, emergencia y
respuesta.
LA GESTIÓN DEL RIESGO
La ausencia de hipótesis de riesgo
socialmente consensuadas se traduce en deficiencias en la gestión organizativa
y en la implementación de políticas de prevención y reducción del riesgo de
inundación.
Incorporar una hipótesis de riesgo
significa cuestionar ciertos supuestos persistentes en el tiempo que tienden a
colocar todo el énfasis explicativo en la ocurrencia de grandes lluvias
impredecibles como eje del problema y la fe en la realización de obras de
ingeniería como clave de su solución.
Tanto la concepción del fenómeno, como las
propuestas de intervención quedan signadas por el carácter extraordinario, en
contraposición con la idea de recurrencia. Si se acepta la segunda, la inversión
debiera ser permanente hasta garantizar la minimización del riesgo. Si se trata
de un fenómeno extraordinario, este justifica el gasto también concebido como
extraordinario, que se realiza una sola vez y que no debiera reiterarse. Esta
caracterización “extraordinaria” del fenómeno se asocia directamente con la
carencia de una política y de una gestión de mitigación del riesgo.
Por el contrario, una política de prevención
y mitigación estaría asociada claramente a la definición del fenómeno como
recurrente. En este sentido, la gestión debería impulsar tanto políticas
estructurales (obras de ingeniería), como políticas no estructurales de
mitigación de riesgo, tales como:
· Prevención: incluye el manejo de sistemas de procesamiento de datos, de
estimación de recursos y de escenarios de riesgo, de generación de normas y
controles, de costos y cronogramas de actividades.
· Disponibilidad y acceso a la información: tienen un carácter estratégico en
planificar el ambiente socio-productivo; deben considerarse escalas temporales
y espaciales articulando, según el caso, distintos tiempos históricos y escalas
geográficas (local, regional).
· Políticas
públicas: deben definirse intersectorial, interjurisdiccional, e
interdisciplinariamente, tratando de conciliar la sustentabilidad ambiental, la
racionalidad técnica, la voluntad política y la equidad social; incorporando
mecanismos de participación de los actores sociales en las distintas fases de las
políticas, según modalidades adecuadas a cada etapa de los procesos.
· Relaciones institucionales y jurisdiccionales: deben fortalecerse para una
mejor gestión de los desastres.
El desafío de la gestión es reconocer el
riesgo recurrente y construir una política de prevención y mitigación del
riesgo con la participación de los actores involucrados.
La estrategia, las acciones y proyectos
propuestos debieran :
·
Incluir activamente a la sociedad local a través de su participación.
· Estar justificados técnica, económica, financiera y ambientalmente
Estar apoyados y avalados por los actores
sociales de la zona, la población y sus organizaciones.
Los proyectos deben ser congruentes con
las visiones y posibilidades de la población y factibles desde la perspectiva
económica, social y cultural de la sociedad
Lograr un equilibrio adecuado en la
propuesta de distintos mecanismos de reducción de riesgo, incluyendo, un
balance entre las medidas estructurales y no estructurales; la adecuación de
las formas y componentes productivos, de los mecanismos financieros y seguros;
y el fortalecimiento de las modalidades y condiciones generales de vida de la
población que asegure una mejor capacidad
de acción frente al riesgo de
inundaciones.
Estar acompañados por definiciones sobre
las formas organizativas y las competencias institucionales requeridas para su
implementación y continuidad.
Durante todo el documento se señaló
reiteradamente la desorganización en el ámbito de la acción pública que tiene
como consecuencia una falta de coordinación y articulación de las acciones con
los diversos sectores, organismos no gubernamentales y organizaciones privadas
nacionales e internacionales involucrados en la gestión del riesgo. Esta
“desorganización” para afrontar el desastre como proceso, se vincula a una
"organización" para otros objetivos donde no se priorizan o valoran estos
temas.
Si definimos la gestión del riesgo con una
figura, el triángulo nos permitiría incorporar en sus tres vértices al sector
gubernamental, al sector privado y a la sociedad civil y en el centro,
intregrando a estos circuitos, mecanismos de co-gestión durante todo el
proceso.
Generalmente la gestión se ha tendido a
ver como una actividad del estado (obras de ingeniería con alto costo y en
consecuencia, competencia del gobierno nacional o provincial). Efectivamente
los aspectos legislativos y normativos corresponden al nivel gubernamental,
pero la prevención y mitigación deben ser
funciones integradas a las prácticas del
sector privado y de los sectores comunitarios en conjunción con los gobiernos
locales. En este sentido, aunque los aspectos legislativos corresponden al
nivel gubernamental, en algún momento esta tarea se puede nutrir con la
participación de los actores sociales dependiendo los modelos de gestión que se
desarrollan -, en tanto su involucramiento en la prevención y la mitigación los
llevarían a adquirir un tipo de experiencia práctica o desarrollar concepciones
y propuestas que, en algún momento, se pueden traducir en inquietudes
legislativas y normativas, por lo menos, inicialmente locales.
Existen experiencias de gestión asociada
entre ONGs y gobiernos municipales de localidades afectadas, involucrando
ciertos niveles de participación de la población afectada y de fortalecimiento
de capacidades municipales en la construcción de viviendas en áreas no
inundables. Sería importante desarrollar esta línea de acción con mayor
integralidad en otras fases de la gestión del riesgo.
Referencia: http://www.cesam.org.ar/PDF/Convivir%20con%20el%20riesgo%20o%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20riesgo%20(2002).pdf
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