sábado, 21 de septiembre de 2013

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES


GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE

La incorporación de una hipótesis de riesgo supone la existencia efectiva de una gestión de riesgos de desastre, que abarca tanto las políticas y acciones de mitigación, diagnóstico, preparación y prevención de desastres, que tienden a reducir la vulnerabilidad, como las estrategias de atención en la emergencia o capacidad de respuesta a los impactos inmediatos de un desastre, la rehabilitación y reconstrucción.
En este sentido la gestión del riesgo supone no sólo la intervención del gobierno sino también la interacción de distintos actores sociales públicos y privados que incorporen las hipótesis de riesgo en sus modalidades de interacción con la sociedad local.

No existe un antes, un durante y un después sino que se trata de fases concatenadas e integradas horizontalmente en las cuales, independientemente del peso diferenciado de cada actor institucional, se debe saber que lo que se haga en una fase incide sobre la otra, positiva o negativamente.
Desde una óptica fisicalista o estructural de la gestión de los desastres, la prevención se asocia con obras de ingeniería y la preparación se reduce a las actividades de alerta y evacuación o al estudio científico centrado en las ciencias de la tierra y la ingeniería.
Sin embargo, durante las últimas décadas se amplió el enfoque, a partir de las ideas y concepciones aportadas por las ciencias sociales. En consecuencia es necesario esclarecer y especificar algunos conceptos claves de la gestión de los desastres: prevención, mitigación, preparación, atención, rehabilitación, reconstrucción, emergencia y respuesta.








LA GESTIÓN DEL RIESGO

La ausencia de hipótesis de riesgo socialmente consensuadas se traduce en deficiencias en la gestión organizativa y en la implementación de políticas de prevención y reducción del riesgo de inundación.
Incorporar una hipótesis de riesgo significa cuestionar ciertos supuestos persistentes en el tiempo que tienden a colocar todo el énfasis explicativo en la ocurrencia de grandes lluvias impredecibles como eje del problema y la fe en la realización de obras de ingeniería como clave de su solución.

Tanto la concepción del fenómeno, como las propuestas de intervención quedan signadas por el carácter extraordinario, en contraposición con la idea de recurrencia. Si se acepta la segunda, la inversión debiera ser permanente hasta garantizar la minimización del riesgo. Si se trata de un fenómeno extraordinario, este justifica el gasto también concebido como extraordinario, que se realiza una sola vez y que no debiera reiterarse. Esta caracterización “extraordinaria” del fenómeno se asocia directamente con la carencia de una política y de una gestión de mitigación del riesgo.
Por el contrario, una política de prevención y mitigación estaría asociada claramente a la definición del fenómeno como recurrente. En este sentido, la gestión debería impulsar tanto políticas estructurales (obras de ingeniería), como políticas no estructurales de mitigación de riesgo, tales como:
·       Prevención: incluye el manejo de sistemas de procesamiento de datos, de estimación de recursos y de escenarios de riesgo, de generación de normas y controles, de costos y cronogramas de actividades.
·      Disponibilidad y acceso a la información: tienen un carácter estratégico en planificar el ambiente socio-productivo; deben considerarse escalas temporales y espaciales articulando, según el caso, distintos tiempos históricos y escalas geográficas (local, regional).
· Políticas públicas: deben definirse intersectorial, interjurisdiccional, e interdisciplinariamente, tratando de conciliar la sustentabilidad ambiental, la racionalidad técnica, la voluntad política y la equidad social; incorporando mecanismos de participación de los actores sociales en las distintas fases de las políticas, según modalidades adecuadas a cada etapa de los procesos.
·   Relaciones institucionales y jurisdiccionales: deben fortalecerse para una mejor gestión de los desastres.

El desafío de la gestión es reconocer el riesgo recurrente y construir una política de prevención y mitigación del riesgo con la participación de los actores involucrados.

La estrategia, las acciones y proyectos propuestos debieran :
·        Incluir activamente a la sociedad local a través de su participación.
·       Estar justificados técnica, económica, financiera y ambientalmente

Estar apoyados y avalados por los actores sociales de la zona, la población y sus organizaciones.
Los proyectos deben ser congruentes con las visiones y posibilidades de la población y factibles desde la perspectiva económica, social y cultural de la sociedad
Lograr un equilibrio adecuado en la propuesta de distintos mecanismos de reducción de riesgo, incluyendo, un balance entre las medidas estructurales y no estructurales; la adecuación de las formas y componentes productivos, de los mecanismos financieros y seguros; y el fortalecimiento de las modalidades y condiciones generales de vida de la población que asegure una mejor capacidad
de acción frente al riesgo de inundaciones.
Estar acompañados por definiciones sobre las formas organizativas y las competencias institucionales requeridas para su implementación y continuidad.
Durante todo el documento se señaló reiteradamente la desorganización en el ámbito de la acción pública que tiene como consecuencia una falta de coordinación y articulación de las acciones con los diversos sectores, organismos no gubernamentales y organizaciones privadas nacionales e internacionales involucrados en la gestión del riesgo. Esta “desorganización” para afrontar el desastre como proceso, se vincula a una "organización" para otros objetivos donde no se priorizan o valoran estos temas.
Si definimos la gestión del riesgo con una figura, el triángulo nos permitiría incorporar en sus tres vértices al sector gubernamental, al sector privado y a la sociedad civil y en el centro, intregrando a estos circuitos, mecanismos de co-gestión durante todo el proceso.
Generalmente la gestión se ha tendido a ver como una actividad del estado (obras de ingeniería con alto costo y en consecuencia, competencia del gobierno nacional o provincial). Efectivamente los aspectos legislativos y normativos corresponden al nivel gubernamental, pero la prevención y mitigación deben ser
funciones integradas a las prácticas del sector privado y de los sectores comunitarios en conjunción con los gobiernos locales. En este sentido, aunque los aspectos legislativos corresponden al nivel gubernamental, en algún momento esta tarea se puede nutrir con la participación de los actores sociales dependiendo los modelos de gestión que se desarrollan -, en tanto su involucramiento en la prevención y la mitigación los llevarían a adquirir un tipo de experiencia práctica o desarrollar concepciones y propuestas que, en algún momento, se pueden traducir en inquietudes legislativas y normativas, por lo menos, inicialmente locales.
Existen experiencias de gestión asociada entre ONGs y gobiernos municipales de localidades afectadas, involucrando ciertos niveles de participación de la población afectada y de fortalecimiento de capacidades municipales en la construcción de viviendas en áreas no inundables. Sería importante desarrollar esta línea de acción con mayor integralidad en otras fases de la gestión del riesgo.





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